Abordar la problemática del desarrollo presupone considerar las diversas transformaciones que en el contexto social se han registrado en las últimas décadas y han puesto al Estado frente a nuevos paradigmas para alcanzar la justicia, la seguridad, el bienestar y la protección social. Los cambios registrados en las tradicionales instituciones sociales como el trabajo y la familia parecen ser en primera instancia determinantes de nuevas vulnerabilidades: por la transformación del mercado laboral, la pérdida de referentes frente a la consolidación de redes sociales, por la división sexual del trabajo, la dependencia intergeneracional, la reconfiguración de la estructura familiar entre otros. Adicionalmente, los cambios en el contexto de vivencia ligados a la urbanización y al conflicto social han transformado los espacios y modos en las relaciones, incrementando los riesgos de conflicto, de violencia, de vulnerabilidad y exclusión social. Frente a estos nuevos retos la gestión del desarrollo presupone un abordaje de la complejidad que abarca asuntos no sólo económicos o territoriales sino sociales de distinta índole; involucra además la consideración de los actores, los procesos de concertación y articulación; la gestión del gobierno y de las políticas públicas.
Es por ello que, como aproximación metodológica, se adopta una mirada integral del proceso de análisis, que tiene en cuenta diversos aspectos. En primer lugar, el marco institucional en el cual está inmersa la política y que determina las reglas de juego globales para el conjunto de la sociedad, así como la definición de lo que se consideran bienes y servicios públicos, derechos y servicios sociales y sus principios orientadores. Teniendo en cuenta que una política no actúa sola, es necesario identificar los lugares de interconexión con otras políticas para identificar los factores que, directa o indirectamente, pueden incidir sobre la política objeto de análisis.
En este contexto, la acción del grupo de investigación de Políticas y Gestión para el Desarrollo, se orienta al análisis, la evaluación y asistencia técnica relacionada con políticas, planes y programas para el desarrollo, teniendo en cuenta la prevención, mitigación y superación de los riesgos económicos y sociales de la población más vulnerable y de los riesgos y los que se pueden derivar de la gestión estatal.
De manera específica centra su atención en la protección social de grupos vulnerables, en la justicia y seguridad ciudadana y el desarrollo económico local. Estos sectores desde sus propias especificidades y su interdependencia se constituyen en factores determinantes del desarrollo económico y social.
En segundo lugar, la identificación de la filosofía misma de la política, sus propósitos, objetivos y problemáticas que enfrenta, estableciendo niveles de concordancia y contradicciones frente al entorno institucional y determinando factores de viabilidad y sostenibilidad. De aquí se deriva la identificación y parámetros de evaluación de los resultados previstos y no previstos por la política.
En tercer lugar, la consideración de que la implementación de una política implica determinar formas organizativas estructurales y funcionales para la operación, que pueden involucrar múltiples actores e intereses (públicos / privados / tercer sector) y arreglos bajo regulaciones específicas que precisan cómo se interrelacionan estos agentes bajo la política. Finalmente, se consideran los resultados del análisis y de la evaluación como insumos para la toma de decisiones respecto a las reformas de política y como mecanismo de mejoramiento y transformación de los programas sociales.
El grupo parte de varias premisas: 1) que todas las políticas que se desarrollan en estos ámbitos, se circunscriben en la esfera de la política pública, pues su finalidad está orientada a la transformación de condiciones que son consideradas por la sociedad como problemáticas, inadecuadas, injustas o necesarias; 2) que estas políticas están condicionadas por marcos institucionales (formales e informales) propios del país y de los territorios, pero que también trascienden el contexto nacional; 3) que alrededor de su diseño y ejecución, el rol de coordinación recae sobre el Estado, pero su implementación involucra actores públicos y privados.
